El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas advirtió sobre el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas que puso en marcha el gobierno de Salta.
Nuevamente quedó en el ojo del huracán el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas que meses atrás puso en marcha el gobierno de Salta y que, desde entonces, es seriamente cuestionado por diferentes organismos de Derechos Humanos que actúan en la provincia, entre ellos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Esta vez las voces se alzaron desde el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que hizo pública su preocupación porque sostiene que esta disposición limita la libertad de reunión de miembros de pueblos indígenas y defensores de los Derechos Humanos. Lo hizo en un informe en el que también puntualizó recomendaciones tendientes a prevenir y sancionar la violación a niñas y mujeres indígenas, en el que asimismo insta a que se suspendan los desalojos de comunidades originarias.
Desde que el lo comenzó a impulsar el gobierno encabezado por Gustavo Sáenz, el Protocolo no pasó inadvertido para los organismos de Derechos Humanos
Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de Salta. Y tampoco para los organismos que integran la Mesa de Derechos Humanos que oportunamente instaron a que el ejecutivo provincial deje sin efecto el Protocolo que, entre otras cosas, “viola derechos humanos y limita la libertad de expresión”.
Desde la Mesa, se hizo hincapié en que en lugar de responder a las denuncias de graves violaciones de derechos humanos que se perpetran, sobre todo en norte provincial, el gobierno que encabeza Gustavo Sáenz, “busca cercenar uno de los derechos más esenciales en la vida democrática, cual es la libertad de expresión, traducido en el de peticionar a la autoridades mediante la libre asociación de los y las ciudadanas en la vía pública”.
A partir de que por medio del Decreto 91 el gobierno salteño puso en marcha el Protocolo, se multiplicó el hostigamiento contra personas que -sobre todo en el norte provincial- protagonizan protestas ante la falta de servicios básicos como el agua, la electricidad y el acceso a la salud. “Lejos de dar garantías, lo que busca es anular la protesta, lo que agrava las situaciones de vulneración de derechos”, coincidieron en señalar integrantes de la Mesa.