Así definió la Liga Argentina por los Derechos Humanos al integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Cristian Díaz, quien está encarcelado desde junio por orden del juez Ariel Lijo.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) repudió la situación que, desde junio pasado, padece el integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Cristian Díaz, quien el 22 de ese mes fue detenido por personal de la Policía Federal por orden del juez Ariel Lijo, quien le imputa haber amenazado “a la comunidad judía”.
La causa en su contra comenzó a cursarse el 11 de mayo, cuando un funcionario de alto rango de la Embajada de Israel ante nuestro país denunció que en el perfil de Facebook de Díaz, aparecía una imagen posteada con emojis de varias fogatas en un flyer del evento “BA Celebra Israel” que organizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la celebración del Día de Israel.
Esto fue suficiente para que el juez Lijo ordenara que el grupo Geof irrumpiera en el domicilio de Díaz y lo arrestara, al tiempo que secuestró su CPU, su teléfono móvil, cuadernos con “anotaciones en árabe, imágenes con banderas palestinas, una solicitud de nacionalidad para ese país y recibos de giros de dinero realizados en 2018 y 2019 a familias palestinas, con siete beneficiarios identificados”.
Ante esto, la Ladh advirtió en Argentina “hay un nuevo preso político” y que la prisión que padece Díaz responde al “marco de la cooperación cada vez más carnal entre nuestro querido país y el Estado genocida de Israel”, tras lo que sostiene que la publicación que hizo el integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, estaba vinculada a la situación que en esos días atravesaba la Franja de Gaza que estaba siendo bombardeada por el Estado de Israel.
Y añadió que “llama la atención la minuciosa lupa que tienen funcionarios de la embajada de Israel, que se toman el tiempo de investigarnos y llevar denuncias contra quienes militamos intentando cambiar las injusticias más grandes de la humanidad, como lo es la ocupación de Palestina y el genocidio desatado sobre su pueblo”.
Un mes después de su detención, la Cámara Federal confirmó el procesamiento y la prisión preventiva que pesa sobre Díaz, que fue dictada por el juez Lijo por el artículo 211 del Código Penal que castiga con hasta seis años al que “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común”.
Este magistrado también le aplicó la figura prevista en la ley contra actos discriminatorios, por la que se reprime con hasta tres años de cárcel a quienes “participan en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.