Así son las conclusiones de la Misión Internacional de Solidaridad de Derechos Humanos que relevó los hechos de violencia institucional desatados por el Gobierno de Jujuy, tras la aprobación de la reforma constitucional.
El miércoles pasado, presentó su informe final la Misión Internacional de Solidaridad de Derechos Humanos, que se estableció en Jujuy a poco de que se destara la fase represiva perpetrada por el gobierno encabezado por Gerardo Morales a partir de junio pasado.
Este trabajo que surgió de un pormenorizado relevamiento de los hechos de violencia institucional que se sucedieron a partir de la aprobación de la reforma constitucional que de forma inconsulta impulsó Morales, advierte que “hubo un escenario de represión generalizada y sistemática donde se combinaron la fuerza pública y el Poder Judicial que avala y sostiene la represión, de la mano de un bloqueo de las instituciones frente a las denuncias”.
La presentación del documento que dieron a conocer integrantes de la delegación de representantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas, estuvo acompañada por el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y concluye que el Estado argentino es responsable por la grave violación de Derechos Humanos de población civil en el contexto de la actuación represiva que fue desplegada desde el 7 de junio del 2023 por parte de las autoridades provinciales en el territorio de Jujuy.
En este documento se compilaron más de dos centenares de testimonios que fueron recabados a lo largo de diferentes localidades y zonas rurales, pero también considera un análisis de la situación económica, contexto político, jurídico, institucional y social que atraviesa esta provincia.
En este sentido, el texto es claro al hacer hincapié en que el derecho a la protesta está afectado en Jujuy y establece algunos hitos al respecto, como la aprobación del Código Contravencional que empezó a regir cuando asumió Morales, pero sobre todo remarca el papel que en el diseño de este escenario tiene la modificación de la Constitución provincial que, entre otras cosas, habilita el achicamiento del Estado, la provincialización de recursos estratégicos como el litio y la prohibición de la toma de tierras, al tiempo que criminaliza la protesta.
Pero también es contundente cuando sostiene que “el despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales”, ya que “propició graves violaciones a los Derechos Humanos y no inició las investigaciones correspondientes ni mucho menos sancionó a sus responsables”.
Además destaca que “las autoridades de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares”, pero asimismo porque “impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente, la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta”.Y añade que “las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad”.