Comenzó a sustanciarse en el Tribunal Oral Federal de Rosario el juicio que tiene sentados en el banquillo a una veintena de de acusados de perpetrar delitos de lesa humanidad perpetrados durante 1975.
Son más de veinte los imputados que se sientan en el banquillo de acusados de haber perpetrado delitos de lesa humanidad que fueron perpetrados contra 69 víctimas, en
el contexto de la causa en la que por primera vez se va a juzgar a civiles por la comisión de crímenes del terrorismo de Estado previos al 24 de marzo de 1976 en Villa
Constitución.
El juicio por la Causa Villazo que se ventila en los Tribunales Federales de Rosario, se refiere a cerca de novecientos delitos perpetrados desde marzo de 1975 contra trabajadores metalúrgicos y otros vecinos de Villa Constitución con los que, al tiempo que se buscó disciplinar la lucha del sindicalismo combativo, se hizo una suerte de ensayo del plan sistemático que se aplicaría durante los años siguientes con la dictadura cívico-militar ya establecida. El debate que se lleva a cabo está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, que está integrado por Germán Sutter Scheneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci, mientras que la acusación corre por cuenta del fiscal general Adolfo Villatte y de las querellas. Fundamentalmente, la causa aborda la responsabilidad dequien por entonces fuera jefe de personal de Acindar en la planta de Villa Constitución, así como la de un ex jefe militar, de 21 ex policías federales y un ex policía santafesino. Todos aparecen con responsabilidad en los secuestros de las víctimas que se sucedieron a partir del 20 de marzo de1975 que desencadenaron otros hechos similares durante los meses siguientes, por lo que desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se calificó a este
juicio como “un hecho histórico para la ciudad de Villa Constitución”, pero también “para el movimiento obrero y para el juzgamiento del genocidio que sufrió nuestro pueblo”.
Y en idéntica dirección, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Rosario, se hizo hincapié en que es preciso comprender que “el genocidio político no hubiese
sido posible sin la participación activa de empresas o civiles que llevaban sus listas negras ante los militares, financiaban o facilitaban dependencias y todo tipo de recursos”, por lo que resulta clave que se esclarezca la responsabilidad que tuvo Acindar y quienes se sientan en el banquillo de los acusados en este proceso judicial.