Diferentes organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos, entre ellas la Liga Argentina por los Derechos Humanos, coincidieron en que el gobierno nacional busca prohibir el derecho a la protesta.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), sumó más críticas al “protocolo para el mantenimiento del orden público” que la semana pasada presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que, entre otras cosas habilita la intervención de “las cuatro fuerzas federales”, en casos de que haya “un delito flagrante” durante manifestaciones que tengan lugar en la vía pública. De acuerdo a lo anunciado por Bullrich, el nuevo protocolo incluye la identificación de quienes corten calles, la aplicación de leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas que el Estado Nacional destine a repeler las movilizaciones.
Al respecto, la Ladh advirtió sobre diferentes irregularidades que presenta lo anunciado por Bullrich ya que, entre otras cosas, “pretende que la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal intervengan en la represión de la protesta”, cuando “una es una fuerza de custodia y la otra tiene competencia para actuar en los aeropuertos”.
Pero no sólo la Ladh se pronunció en tal dirección, También lo hicieron otras organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos que coincidieron en que se van a hacer presentaciones ante la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el gobierno nacional busca prohibir el derecho a la protesta.
Precisamente uno de estos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fijó su postura al respecto cuando durante junio pasado, salió al cruce de la represión que implementó el entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, después de que se aprobara la reforma constitucional en su provincia. “Es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”, recalcó entonces.
Así las cosas, entre quienes hicieron oír sus voces, la semana pasada la CTA de los Trabajadores, denunció que el gobierno pretende “amedrentar a la población, para acallar las legítimas manifestaciones públicas que surgirán tras los efectos brutales de sus propias políticas de ajuste”, mientras que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional alertó que lo resuelto por Bullrich representa, en la práctica, una “imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías”.