Tres relatores de las Naciones Unidas reclamaron que el gobierno argentino no persista en su intento de restringir el derecho a la protesta.
La gestión que Patricia Bullrich encabeza en el Ministerio de Seguridad y su "protocolo antipiquetes", fueron puestos en la mira por la Organización de las Naciones Unidas, que así lo expresó por medio de un documento que lleva las firmas del relator sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, y de Irene Khan, quien es relatora sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a las que se adjunta la de Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos.
Ahí, los tres relatores reclamaron que el gobierno argentino no persista en su intento de restringir el derecho a la protesta, pero también aclararon que de acuerdo a este organismo, el Protocolo Bullrich y el capítulo de Seguridad del proyecto de ley Ómnibus " son compatibles con los estándares internacionales".
Se trata de un pronunciamiento que se hizo público después de una denuncia que oportunamente hicieron las centrales obreras junto a movimientos sociales y organismos de derechos humanos y en él se recomienda que la titular de la cartera de Seguridad " no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”.
En este sentido, el texto alerta que "el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo", pero también le recuerda a Bullrich que en una sociedad civilizada, la obligación principal de las fuerzas policiales, debe ser " facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen".