Persisten los intentos por evitar la asunción de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta de Guatemala.
El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) hicieron pública su preocupación por los reiterados intentos de sabotear el proceso de transición que debe desembocar en la asunción de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta de Guatemala.
Vale recordar que la fórmula Arévalo-Herrera fue elegida por una contundente mayoría en las elecciones del pasado 20 de agosto, pero pese a esto se desató una feroz guerra jurídica por la que se intenta vehiculizar un golpe que impida su asunción.
Al respecto, durante las últimas horas, entre otros se pronunció el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, quien denunció “la sistemática judicialización del proceso electoral y del Movimiento Semilla, en un contexto de pérdida total de institucionalidad, a manos de una derecha sumida en la corrupción, que ha permitido el avance del crimen organizado en el país”.
Las voces de alerta que se lanzan nada tienen de antojadizas, ya que durante todo el proceso electoral se perpetraron varios intentos por quitarle legitimidad a la candidatura de Arévalo y al partido Semilla que se verificó por medio de acciones que van desde las amenazas a la vida de buena parte de sus dirigentes, hasta allanamientos ilegales a sus sedes partidarias y amenazas de detenciones arbitrarias.
En este sentido, la semana se declaró la invalidez de la elección de los integrantes de la bancada del Movimiento Semilla que resultó elegida para el Congreso, mientras se pedían unas nuevas elecciones que le permitirían que el Legislativo nombre un gobernante provisional, que ocupe la Presidencia en lugar de Arévalo.
En este contexto, el Consejo Latinoamericano de Justicia y la Democracia del Grupo de Puebla, advirtieron que no existe causa constitucional para anular las elecciones y recalcaron que los jueces penales no pueden adjudicarse funciones que atribuye la Constitución al Tribunal Supremo Electoral como la regulación de los Partidos, así como que “la pretensión de nombrar un presidente interino por parte del Congreso, implicaría un claro desconocimiento de la Constitución y la voluntad del constituyente primario expresada en las últimas elecciones en favor del Presidente Bernardo Arévalo”.