Un informe de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advierte sobre la violencia institucional desatada en este país después de derrocamiento de Pedro Castillo.
La oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos denunció que las autoridades peruanas “restringieron indebidamente los derechos humanos de los manifestantes” durante las protestas desatadas desde diciembre de 2022, después de que un golpe de Estado parlamentario destituyera al presidente Pedro Castillo.
La denuncia alcanza a la actual mandataria de facto, Dina Boluarte, a quien la ONU instó a “emprender reformas significativas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones”, pero también a “permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo”.
El informe que presentó por tal motivo, da cuenta de los actos de “violencia realizados en el contexto de las protestas, declaraciones de Estados de emergencia, privación de la libertad, tortura, amenazas y estigmatización”, perpetrados por fuerzas del Estado contra personas que se manifestaban contra el golpe de Estado y la propia Boluarte.
“Las autoridades peruanas restringieron indebidamente los derechos humanos de las y los manifestantes”, advierte el informe de la agencia que tiene su sede en Ginebra, al tiempo que señala que “los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos”. El documento dado a conocer por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, registra medio centenar de personas asesinadas durante la escalada represiva que también dejó un saldo de 821 heridos.
Pero pese a todo, en este contexto, dos semanas atrás, Boluarte decretó el estado de sitio en Lima, en una medida que según anunció “busca dar seguridad a los vecinos, emprendedores y los miles de turistas que diariamente visitan el centro histórico”.