El ejecutivo prorrogó el congelamiento de precios de alquileres y suspensión de desalojos por falta de pago. La Ladh pide que esta medida se extienda “al menos” durante dos años.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), demandó que se suspenda durante “al menos dos años”, el período de congelamiento de precios de los alquileres y suspensión de desalojos por falta de pago, que rige desde principios de la pandemia y fue prorrogado hasta el 31 de marzo.
La medida que alcanza a inmuebles destinados a vivienda única que se encuentren ocupados y establece la extensión de los contratos de locación vencidos el 20 de marzo de 2020, fue celebrada por los colectivos que reúnen a inquilinos, pero no pasó lo mismo con la parte más parasitaria de la relación existente entre locadores y locatarios.
Las cámaras que suman a las inmobiliarias pusieron el grito en el cielo y encontraron aliados para su reclamo. El diputado Alberto Asseff, presentó un proyecto de ley busca derogar la legislación existente en esta materia y propone un nuevo sistema de desalojo “ágil y rápido”.
Aseff es aquel que accedió a una banca después de que –sobre el cierre de las listas-, Miguel Pichetto se lo mejicaneara a José Luis Espert, lo que en ese momento puso en peligro la presentación del Frente Despertar.
Ahora, junto a sus pares del bloque de Juntos por el Cambio, denuncia que la decisión de prorrogar el congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos “rompió toda la relación en el mercado”.
Pero más allá de lo que asevere la bancada de JxC, al parecer, al mercado le siguió yendo bien, incluso, en medio de las restricciones que impuso la pandemia.
Así lo revela un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que da cuenta de que desde enero de 2020, el precio de alquiler promedio de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires, se catapultó 57,1 por ciento, en tanto que para el caso de los de dos ambientes fue del 47,1. En ambos casos, la suba fue por encima de la inflación promedio.
Postura
Así las cosas, resulta sensata la postura de la Ladh que habla de la necesidad de “parar la especulación inmobiliaria y el despojo de nuestro pueblo” y hace hincapié en que “ante la grave situación habitacional que afecta a los sectores populares”, se vuelve preciso suspender desalojos y aumentos de alquileres.
La Liga destaca que la prórroga no debe limitarse “a unos pocos meses y menos aún a un exiguo plazo”, sino que tiene que “abarcar un período de al menos dos años que es un tiempo razonable para que, en simultáneo, se puedan ir implementando las soluciones habitacionales para el acceso a la vivienda digna”.
Por otra parte sostiene que la prórroga deberá atender la problemática inquilinos formales, así como de personas y familias que viven en las villas, hoteles, inquilinatos, casas recuperadas y otros tipos de asentamientos populares, “independientemente de la relación jurídica que ellas mantengan con los propietarios de los inmuebles con fines de vivienda”.
Asimismo, postula que la decisión en la que tiene que avanzar el gobierno, “debe incluir todas las causales y procesos judiciales que puedan provocar desalojos forzados: civiles, penales, comerciales y administrativos, entre otros”, pero también que tiene que atender la situación de endeudamiento que afecta a muchos inquilinos formales e informales.
Y recalca que a la emergencia social, económica y sanitaria que se agravó con la pandemia, el Gobierno Nacional “debe enfrentarla con máxima decisión y vigor, con perspectiva de derechos humanos, de género y atendiendo a los sectores en contexto de vulnerabilidad”.