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Carlos Ignacio Cialceta está acusado por el secuestro y el homicidio del sindicalista y militante peronista Jorge René Santillán. La jueza Mariela Giménez le otorgó prisión domiciliaria a pesar de que estuvo prófugo durante siete meses.

“Es una muestra más de como el negacionismo que todavía persiste en Salta le da beneficios a los represores”, aseveró Mariana Leonard, militante del Partido Comunista y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de esa provincia, al referirse al beneficio de prisión domiciliaria que jueza Mariela Giménez le otorgó al teniente coronel Carlos Ignacio Cialceta, quien está acusado por el secuestro y el homicidio del sindicalista y militante peronista Jorge René Santillán.

Lo particular de este caso es que Cialceta estuvo prófugo durante siete meses y que peritos médicos que actúan en la causa que lo involucra, dieron cuenta de que es un manipulador que trató de obstaculizar la realización de los exámenes que le hicieron.

Este represor tenía orden de captura nacional e internacional desde principios de 2021 y fue detenido el 12 de noviembre de ese año por miembros de Gendarmería Nacional que lo encontraron escondido en la parte superior del placard de una vivienda de la calle Vicente López al 147 de la ciudad de Salta.

Cialceta está acusado de ser autor mediato del crimen de Santillán, pero una hija de su víctima lo reconoce como uno de los integrantes del grupo de tareas que el 10 de agosto de 1976 secuestró a su padre de la casa familiar ubicada en General Mosconi. Los restos de Santillán fueron encontrados al día siguiente en un camino vecinal, donde había sido sometido a una explosión.

Así las cosas, Mariana Leonard alertó que “es muy preocupante como se vienen manejando el Poder Judicial en Salta y en todo el país”, tras lo que calificó como “desgarrador” el testimonio Rosa Santillán y añadió que “desde los organismos de derechos humanos seguimos de cerca el caso y apoyamos la apelación a la domiciliaria que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”.