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El juicio por el asesinato de Rafael Nahuel concluyó con la condena del autor material del crimen a cinco años de prisión. Los otros cuatro prefectos acusados recibieron sentencias de cuatro años y medio como partícipes necesarios por el mismo delito.

Desde diferentes organismos de Derechos Humanos, entre ellos la Liga Argentina por los Derechos Humanos, se coincidió en señalar, que resulta escasa la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca en la causa abierta por el asesinato de Rafael Nahuel.
El miércoles y en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía, el TOF condenó al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa, del que fue víctima el joven mapuche, mientras que los otros cuatro prefectos que se sentaron en el banquillo de los acusados, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, recibieron penas de cuatro años y medio como partícipes necesarios por el mismo delito.
Rafael Nahuel fue asesinado el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo llevado a cabo bajo la dirección política de Patricia Bullrich, por personal del GrupoAlbatros en un predio que estaba en  disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales, en Villa Mascardi, Bariloche.
El veredicto llega después de más de tres meses de audiencias realizadas en la instancia oral y pública del juicio, durante las que la querella de la causa que integra desde marzo de 2021 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió que la calificación sea de homicidio calificado. Pero prevaleció la postura de la Fiscalía por lo que las condenas fueron por homicidio por exceso en la legítima defensa, lo que permitió que los prefectos recibieran una pena considerablemente inferior a la perpetua que hubieran recibido si el criterio del TOF hubiese coincidido con el de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y precisamente entre los presentes en la audiencia, estuvo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, así como Alberto Santillán, que es el padre de Darío, quien fue asesinado en junio de 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón junto a Maximiliano Kosteki.“ Esperábamos más años de condena porque nosotros siempre supimos que fue un asesinato y una cacería”, señaló Pietragalla Corti, tras lo que dijo que la Secretaría de Derechos Humanos va a apelar el fallo, “aunque mi mandato termine el 10 de diciembre” y añadió que después de ese día va a seguir desde el lugar que le toque “como defensor de los derechos humanos, acompañando a los organismos de derechos humanos de Bariloche”.