Según el informe del Tribunal de Conducta Policial, en Córdoba hay más de un policía sancionado por día en lo que va del año. ¿Se viene un cambio en la policía cordobesa o solo se hace pensando en las elecciones?
El Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad divulgó su primer informe trimestral de gestión y reveló que en sólo 90 días más de 100 policías fueron sancionados. En total, hay casi 700 efectivos bajo investigación por diferentes delitos.
La mayoría de los uniformados son sumariados judicialmente y administrativamente por presuntos delitos relacionados a su trabajo: violencia institucional, corrupción, mal desempeño y conflicto laboral. También es muy importante la proporción de denuncias por violencia de género, o sea, adentro del hogar, fuera del horario de servicio.
El 28 de diciembre de 2021 entró en vigencia el nuevo sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, que actúa en la prevención, investigación y sanción de las faltas graves y gravísimas que involucren al personal de la Policía de Córdoba, el Servicio Penitenciario de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), según lo establece la ley 10.731.
Desde su puesta en funcionamiento hasta el 8 de abril de 2022 (primer trimestre), la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad receptó 765 casos, de los cuales hay 616 bajo investigación, que involucran a 668 efectivos (una causa puede incluir a más de una persona).
El resto de denuncias fue desestimada o bien remitida a las dependencias de las fuerzas de seguridad correspondientes, ya que las causas leves y medias no son competencia del organismo.
En este sentido, Facundo Brarda, militante del La Fede de Córdoba, aseguró que “estas acciones tienen que ver con con posicionar a un candidato de cara a las elecciones que con una intención real de hacer un cambio estructural en la policía”.
Esto se enmarca en un recambio de dirigentes del PJ cordobés, ya que el gobernador Juan Schiaretti no puede volver a presentar. Así las cosas, Brarda remarcó que Martín Llaryora, intendente de Córdoba Capital “es el apuntado para remplazarlo, y controlar a la policía es un muy buen discurso para las elecciones”.
En este sentido, el militante de la FJC advirtió que “no hay avances en los casos de violencia institucional perpetrados por la policía”. Asimismo, mencionó los casos de gatillo fácil de Blas Correa y Joaquín Paredes entre otros que no tienen ningún avance judicial.
La madrugada del 6 de agosto de 2020 un grupo de cinco amigos volvía en auto después de juntarse en un bar de la capital provincial. Un grupo de oficiales de la Policía de Córdoba, que estaba llevando a cabo un control vehicular, hizo señas para que se detuvieran, pero como divisaron armas desenfundadas se asustaron y siguieron de largo. Los uniformados efectuaron varios disparos, uno de los cuales impactó en la espalda de Blas, causándole la muerte, otro hirió a un acompañante y otros cuatro se alojaron en el coche.
En el caso de Joaquín, el 25 de octubre, un grupo de jóvenes del pueblo se encontraban en la plaza de Paso Viejo, cuando fueron atacados violentamente por un grupo de policía que sin mediar palabra, empezó a disparar llevándose la vida de Joaquín e hiriendo a dos jóvenes más.