El Gerardo Morales anunció que se derogará el decreto 8464 con el que pretendió darle una vuelta de rosca más a la criminalización de la protesta popular en Jujuy.
Ayer por la tarde, Gerardo Morales anunció que se derogará el decreto 8464. “Me comprometo a derogar ese decreto, ahora le pido a los docentes que vuelvan a trabajar porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto”, dijo el mandatario jujeño en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir, quien además es el gobernador electo.
Lo hizo casi en simultáneo con un acto convocado en la ciudad de Buenos Aires ante la sede de la Casa de Jujuy, en el que estuvo el Partido Comunista, donde se hizo pública la solidaridad con el pueblo de esa provincia ante “la criminalización de la protesta social y la represión que perpetra el gobierno que encabeza Gerardo Morales”.
La protesta salió al cruce del decreto 8464 que, días atrás, dictaminó Morales en medio de la escalada y movilización que atraviesa a su provincia, fundamentalmente a raíz de los reclamos salariales que vienen llevando a cabo los trabajadores de la educación. En el primero de sus artículos, este decreto disponía que “serán sancionados con hasta mil unidades de multa quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
El hecho de que quien impulsara esta medida es el mismo que manipuló al Poder Judicial de Jujuy para encarcelar a Milagro Sala y otros presos políticos, representa un dato no menor, como tampoco lo es la posibilidad de que Morales vaya a integrar junto a Horacio Rodríguez Larreta, una de las fórmulas que tiene serias posibilidades de ganar las próximas Presidenciales.
Esto no escapó al análisis que hizo la CTA de los Trabajadores que a la hora de convocar al acto de ayer, no dudó en calificar que el decreto 8464 es “un globo de ensayo del ajuste con represión” que puede venir si la derecha vuelve a La Rosada. “Repudiamos enérgicamente la avanzada autoritaria del gobierno de Gerardo Morales contra quienes alzan su voz en defensa de sus derechos”, sostuvo la CTA y añadió que “entre gallos y medianoche promueve una reforma constitucional inconsulta y violatoria del Artículo 14 bis, ahora busca consolidar una especie de Estado de Sitio permanente con la suspensión del derecho a la protesta a través de un decreto que prohíbe manifestarse a los sectores populares con penas propias de gobiernos dictatoriales”.
Y, sin dudarlo, hizo hincapié en que se trata de “un globo de ensayo de lo que Juntos por el Cambio tiene previsto hacer si llega a ser gobierno para impedir las protestas que van a generar sus anunciados planes de ajuste”, ya que el decreto 8464 “busca penalizar la protesta social y cercenar el derecho de huelga consagrado en la Constitución Nacional, tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo habilitando la represión y la intervención de la justicia penal para acallar la protesta social”.
Pero también “avanza aún más sobre los derechos laborales con un acto de inusitada gravedad como la decisión de sancionar con suspensiones de dos años y cesantías a empleados públicos que ejercen sus derechos sindicales. Intenta de esta manera retrotraernos a la épocas más nefastas de gobiernos dictatoriales que utilizaron las cesantías y decretos de prescindibilidad para disciplinar a quienes reclamaban por sus condiciones de trabajo”.
En este sentido, el lunes pasado, una delegación de la CTA encabezada por su secretario de Relaciones Internacionales, Roberto Baradel, se reunió con la ministra de Trabajo Kelly Olmos, a quien le pidió que el gobierno Nacional intervenga “para garantizar el derecho de los docentes y el resto de los trabajadores de Jujuy, a ejercer su derecho a la huelga y a la protesta sin sufrir ningún tipo de persecución o criminalización”.