Desde La Violeta entrerriana, Leandro Pozzi denunció que “hay una enorme obsesión en este gobierno en negar la legitimidad y la legalidad de las organizaciones de los trabajadores”.
En todo el país los sindicatos docentes se aprestan a avanzar en reclamos paritarios que aparecen de difícil resolución, en el contexto de la devaluación del 119 por ciento impuesta por el gobierno y la consiguiente escalada inflacionaria. Y uno de los escenarios donde pasa todo esto es Entre Ríos, donde los cuatro gremios del sector fueron convocados el lunes pasado para dar comienzo a la paritaria local.
Uno de ellos es Agmer, que solicitó una recomposición salarial de urgencia y que a su vez se ajuste por el índice inflacionario una vez que se conozca el IPC de enero, pero asimismo pidió que la base de cálculo sea el mes anterior al que se liquidan los haberes y una actualización del código de traslado, debido a los aumentos que sufrieron los precios de los combustibles.
Estas demandas tienen lugar con un telón de fondo bastante complicado, ya que a raíz del ajuste que impone la Presidencia Milei, Entre Ríos recibió 11.774 millones de pesos menos de coparticipación, lo que representa una suma de 8.132 pesos menos por cada entrerriano, algo que coloca a esta provincia por encima del promedio nacional que es de seis mil pesos per cápita. Pese a esto, los diputados del PRO entrerriano, votaron disciplinadamente, en general, el proyecto de Ley Ómnibus, alineándose en ese caso con La Rosada, tal como lo hizo el gobernador Rogelio Frigerio.
Y precisamente desde La Violeta de esta provincia, el secretario de Condiciones Laborales de Agmer, Leandro Pozzi, cuestionó al proyecto de Ley Ómnibus y, en particular, el capítulo por el que se pretendió flexibilizar la obligatoriedad de la presencialidad establecida en la Ley de Educación.
“Los docentes son irremplazables y la escuela ha demostrado acabadamente su efectividad, su afecto y su fortalecimiento de los vínculos humanos, los procesos de socialización y las nociones elementales de ciudadanía en nuestras niñeces”, recordó Pozzi y advirtió que la iniciativa “pretendió romper esto y también abrir un negocio con los paquetes tecnológicos, para que ciertas empresas puedan vendérselos a un Estado bobo, a la par de generar marcos de colonización, de negación de los saberes socialmente producidos en la escuela pública”.
Pero, asimismo, rechazó el intento de establecer un sistema que dificulte el ingreso a la docencia. “Hay que recordar que los docentes no compramos títulos ni los conseguimos en ninguna feria, estudiamos, nos formamos y somos evaluados para contar con las acreditaciones fundamentales para ejercer nuestro trabajo”, sostuvo y añadió que “en el sistema educativo existen mecanismos de evaluación de desempeño como los conceptos, los antecedentes, el acceso a formaciones especializadas y también los marcos de salud necesarios, por ejemplo, para acceder a una titularización, junto a los factores disciplinares”.
Y tras insistir en que “ya hay evaluación docente y marcos de obligatoriedad en nuestro propio currículum, como el Plan de Formación Permanente en Servicio que son evaluaciones educativas y no persiguen provocar ajuste laboral”, resaltó que “no vamos a aceptar medidas punitivas, persecutorias y de ajuste que atenten contra la estabilidad laboral docente, que es lo que quieren imponer de manera inconsulta”, ya que desde el gobierno “nunca fueron a ninguna escuela pública a preguntar qué opinan los docentes sobre estas medidas”.
Por otro lado denunció que “hay una enorme obsesión en este gobierno en negar la legitimidad y la legalidad de las organizaciones de los trabajadores” y puntualizó que la Presidencia Milei quiere suprimir los convenios colectivos de trabajo. Y, sin dudarlo, recalcó que “la salida es con más democracia y no con un autoritarismo que se refleja en pretender conducir el sistema educativo con agentes externos que nunca pisaron una escuela pública”.