Con cada día que pasa, la Presidencia Milei arrastra más a nuestro país a una zona de influencia estadounidense que va en contra de los intereses geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos que tiene Argentina.
“Se duplicó en términos de relaciones positivas”, es la caracterización que hizo la titular del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, al ser consultada sobre el vínculo que su país tiene con Argentina desde el momento en que Javier Milei asumió como presidente. Y con este inocultable entusiasmo, en el Atlantic Council, la general de cuatro estrellas que se apresta a volver a nuestro país durante la primera semana de abril, volvió a insistir con hacer pública su preocupación por la presencia en Neuquén “de una de las tres estaciones del espacio profundo que China tiene”.
La presencia de Richardson en Argentina, forma parte de una sucesión de visitas de funcionarios estadounidenses de alto rango, que desfilan y dejan sus instrucciones en La Rosada.
Esta semana le tocó el turno al director de la CIA, William Burns, quien en su paso por Buenos Aires se reunió con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la AFI, Silvestre Sívori, en encuentros en los que participó el embajador estadounidense Marc Stanley en los que, de acuerdo a lo que trascendió, se repasó una agenda en la que volvió a incluirse el fantasma de la presencia islamista en la Triple Frontera, la influencia de Rusia y la República Popular China en nuestra región y la “lucha contra el narcoterrorismo”.
En este contexto, se espera la inminente incursión en aguas territoriales argentinas del portaviones USS George Washington, que aguarda ser recibido con bombos y platillos en puertos nacionales.
Esta presencia como la de Richardson, van a tener lugar durante el Mes de Malvinas, en lo que sin dudas representa una afrenta a la memoria de los soldados caídos en la guerra del Atlántico Sur, pero también es un claro posicionamiento geoestratégico de idéntica sumisión como la reciente adquisición de aviones de combate F-16 estadounidenses al gobierno de Dinamarca.
Esta compra representa asimismo una peligrosa toma de posición geopolítica, ya que por un lado sepulta el intento de adquirir los aviones supersónicos Mig-35 y de vehículos blindados 8x8 que Rusia le ofreció al país en 2021, para comprar otros de origen estadounidense ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que para adquirir cualquier repuesto, desde un tornillo hasta el armamento con que están dotadas estas naves, pero también para el mantenimiento anual que se les debe hacer, la Fuerza Aérea Argentina va a tener que contar con el visto bueno del Pentágono, esto es de la Otan.
La Alianza del Atlántico Norte, es la misma organización que tiene una base en el territorio argentino ocupado por Gran Bretaña de las Islas Malvinas y está liderada por Washington y el Reino Unido, esto es, la formación estatal con la que Argentina tiene abierta una hipótesis de conflicto y con la que disputa el Atlántico Sur y el territorio nacional antártico.
Zona de riesgo
Richardson, Burns y el omnipresente Stanley no ocultan su mirada sobre lo que denominan “el peligro del narcoterrorismo” y la Presidencia Milei acata lo que ordenan, tal como quedó en claro ayer cuando los ministros Bullrich y Petri anunciaron la intención gubernamental de avanzar en un paquete que incluye una “ley antimafias” y la modificación de la Ley de Seguridad Interior para dar más intervención a las Fuerzas Armadas.
Ambas iniciativas son tan funcionales a los intereses estadounidenses como peligrosas para los argentinos, ya que alimentan la creación en el imaginario social de un enemigo interno peligroso e indefinido, sobre el que el Estado puede actuar prácticamente sin ningún tipo de control. De ahí al regreso de prácticas propias del terrorismo de Estado, el paso es mínimo.
La historia que lleva hasta aquí tiene algunos capítulos relevantes. Durante el gobierno encabezado por Omar Perotti, efectivos de la Policía de Santa Fe, integrantes de la Unidad Especial de Investigación del Crimen Organizado, fueron capacitados por instructores del FBI, la Policía de Filadelfia y la de Colombia. Y fue el propio Perotti quien abrió las puertas a la embajada de EE.UU. y la DEA “para investigar delitos federales como el narcotráfico y el crimen organizado” (Ver Que el ombú no tape el bosque).
Y, en esta misma dirección, con la constitución de un Comité de Crisis que Maximiliano Pullaro, Patricia Bullrich y Luis Petri buscan convertir en una herramienta “contra el narcoterrorismo”, la Presidencia Milei habilitó un acuerdo con EE.UU. que permite que miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de ese país se instalen en la Hidrovia Paraná-Paraguay.
Entre otras reacciones que salieron al cruce de esta decisión, aparece la de la CTA Ribera del Paraná que incluye a trabajadores de Campana, Zárate Baradero y San Pedro que se declaró en estado de alerta y movilización “contra la militarización estadounidense en nuestro Río Paraná”.
Al respecto la central puntualizó que Washington intenta “intervenir política y militarmente en nuestra región, para frenar los acuerdos de desarrollo económico y social que mantienen la mayoría de países de América Latina con la República Popular China” y recordó que durante 2023 Paraguay firmó un contrato de adhesión similar al que ahora suscribe nuestro país con el ejército estadounidense.
En este punto vale recordar que Paraguay es el único país de América Latina que reconoce como formación estatal al territorio chino de Taiwan, donde se sostiene un gobierno separatista que cuenta con el apoyo de EE.UU.
Con este telón de fondo, la CTA Ribera del Paraná advirtió que con la firma del acuerdo, Washington se apropia de un corredor que va desde la Triple Frontera hasta el Río de la Plata, lo que trae aparejadas “consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales nefastas para la clase trabajadora, para la población ribereña y el conjunto del ambiente paranaense”.
Pero también “se aceleraría la expansión del narcotráfico en las ciudades portuarias como sucede en Rosario”, ya que “la ausencia de soberanía implicaría el saqueo extranjero de alimentos y agua dulce, aumentando así la pobreza y el hambre, profundizaría el ecocidio sobre el ambiente y asistiríamos a la ocupación de EE.UU. de las ciudades ribereñas con flotas y barcos, bases y destacamentos de soldados”.