La Legislatura de Salta convirtió en Ley el proyecto que limita y condiciona el derecho a la protesta y la manifestación pública.
Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), hizo público su repudio al Proyecto Antipiquetes, que la Legislatura salteña convirtió en Ley la semana pasada que, entre otras cosas, dispone que el Ministerio de Seguridad y Justicia sea la autoridad de aplicación que pueda o no autorizar cualquier manifestación pública, “sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria”.
Se trata de una norma que originalmente había sido presentada a principios de 2022 y que tuvo una vuelta de rosca con el decreto 91-23 y su protocolo antiprotestas, que hace tres meses impulsó el gobernador, Gustavo Sáenz.
“Repudiamos la aprobación de la nefasta Ley Antipiquetes que tiene por objeto disciplinar a la protesta y la manifestación popular y así coartar la libertad de expresión”, resaltó la Ladh y advirtió que “el neoliberalismo necesita represión para asegurar su plan de miseria”, tras lo que recordó que “esta antidemocrática ley surge en medio de un gran y complejo conflicto que mantiene a la provincia con todos sus actores sociales movilizados”.
La Liga aludió a las protestas que durante las últimas semanas tienen como protagonistas a los trabajadores de la educación de Salta, “que ganaron notoriedad nacional a raíz de la salvaje respuesta represiva que el gobernador Saez ordenó”. Y, también alertó que la flamante disposición, “prohibe toda manifestación espontánea, exige dar aviso previo a la policía y pretende que haya responsables por cada movilización para luego reclamarles por los gastos generados”, por lo que “si el pueblo quiere reclamar contra la represión le tiene que avisar al comisario, si quiere protestar contra un hecho que está ocurriendo debe avisar y esperar al menos dos días”.
Por otra parte, sostuvo que esta ley, “viene a dar respuestas nefastas a las problemáticas que el Poder Ejecutivo ha sido incapaz de resolver” y tras añadir que “el pueblo de Salta está harto de que los poderes del Estado interactúen para cercenar los derechos de los ciudadanos”, señaló que se trata de “cómplices, actuando en el mismo sentido y al servicio de uno solo que es el ejecutivo”.