Eduardo Casal, alfil del macrismo, dio lugar al pedido del gobierno nacional y sugirió a la Corte Suprema que analice la inconstitucionalidad de la reforma a la carta magna realizada por Morales en Jujuy. Mientras, el malón jujeño es hostigado por la Policía de Larreta en la Ciudad, socio del gobernador norteño.
Mientras las principales fuerzas políticas del país orientan todos sus esfuerzos y energías en las elecciones Paso del próximo domingo, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales, el Tercer Malón de la Paz, que partió de Jujuy para visibilizar la situación de violencia institucional que atraviesa esa provincia, resiste la presión de la Policía de la Ciudad.
Nada de casualidad tiene que el actual gobernador de la provincia norteña, Gerardo Morales, acompañe en la fórmula presidencial al todavía alcalde de la ciudad porteña, Horacio Rodríguez Larreta. La dupla, que enfrenta en las internas de Juntos por el Cambio a la fórmula Bullrich-Petri, a raíz de la política represiva desplegada en torno a la reforma constitucional en Jujuy ha demostrado en los últimos meses estar incluso a la derecha de los supuestos halcones del espacio político que conduce Mauricio Macri.
Una de las tareas del Tercer Malón de la Paz, que recorrió más de mil seiscientos kilómetros, es visibilizar la situación que atraviesa Jujuy a raíz de la feroz violencia institucional desatada por el Gobierno que encabeza el dirigente radical, hoy secuaz de Larreta. Luego de los acontecimientos desatados tras la reforma de la constitución jujeña, aprobada entre gallos y medianoche, que derivaron en la reacción popular y una cruenta represión cuya ferocidad evocó rápidamente los momentos más violentos del terrorismo de Estado en Argentina, la policía y la justicia jujeño desplegaron una cacería casa por casa, con el propósito de disciplinar al movimiento popular. Al menos setenta personas fueron detenidas y si bien casi todas fueron liberadas con el correr de los días, todas ellas permanecen procesadas, con la probabilidad de ser sometidas a un proceso judicial en su contra, con todo lo que ello significa y con cargos promovidos por el Estado, tal como le sucedió a Milagro Sala, quien permanece detenida.
Semanas después, cuando Jujuy dejó de ser “noticia”, el Procurador de la Nación, Eduardo Casal, hizo lugar a la solicitud del gobierno nacional y sugirió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revise la reciente reforma que realizó Morales, con el propósito de evaluar el pedido de inconstitucionalidad pedido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La noticia sorprendió a propios y extraños, dado que Casal es un alfil reconocido de Juntos por el Cambio, quien llegó a la procuración luego de la extorsión que sufrió la ex procuradora Gils Carbó, que debió renunciar por presiones y apremios por parte del gobierno de Cambiemos.
Sea por el interés de demostrar cierta independencia en contexto electoral, sea producto de una interna en el espacio político de Macri, lo cierto es que el curso dado por Casal al pedido formulado por el ministro de Justicia expone que el único modo en que la reforma de Morales es defendible es a los palazos, tal como lo hizo en su provincia. Vale recordar que Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y defensor de los Derechos Humanos, aseguró que “la reforma de Morales afecta los derechos consagrados por la Constitución Nacional, ya que su vigencia pone en riesgo los valores de la vida y la integridad física y psíquica de las personas humanas”. Al respecto, consideró que “la rápida intervención en su momento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una muestra clara de los límites claramente establecidos que un gobierno tiene al momento de ejercer el poder de policía”.
Empero, la reforma constitucional de Morales y el proyecto político que representa, junto a Larreta y todo el espacio de Juntos por el Cambio, no podrá ser erosionado y derrotado solamente apelando a la invalidez jurídica de sus iniciativas, dado que se trata de una batalla política en la que lo que está en juego es la capacidad de determinar de hecho las reglas de juego de la democracia en la actualidad.