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Así caracterizó Martín Penalva a la iniciativa que busca garantizar la urbanización de más de cinco mil barrios populares y extiende la prohibición de los desalojos por diez años.

“Es positiva porque reconoce la existencia de barrios populares y villas y la necesidad de urbanizarlas”, recalcó Martín Penalva, quien es responsable del PC de Villa 31, al referirse a la reciente sanción por parte de la Cámara de Diputados del proyecto que reforma la Ley de Barrios Populares, que es una iniciativa que fue sancionada en 2018 y se prorrogó con modificaciones, por la que se busca garantizar la urbanización de los más de cinco mil barrios populares del país y extiende la prohibición de los desalojos por diez años.

En este sentido, Penalva resaltó que también la norma reconoce que quienes habitan en villas y asentamientos, “viven en condiciones que no son dignas”, por lo que “es preciso que se hagan obras para llevar la extensión de las redes de servicios públicos y transporte”, al tiempo que “se mejoren las condiciones de las viviendas, por lo que obliga que sea el Estado quien se haga cargo de esto”.

Asimismo destacó que “es favorable que se prorrogue el término de los desalojos que siempre es un riesgo para la gente que vive en estos lugares, porque mayoritariamente no tienen la tenencia legal de los lotes” y también “que se haya incorporado en la lista que alcanza la Ley a algunas villas y asentamientos que no estaban incluidas”.

Y, al respecto, advirtió que esta ley, “no es fruto de la voluntad política del macrismo, sino de una lucha y trabajo que durante mucho tiempo llevaron a cabo las organizaciones sociales que fueron las que impulsaron y armaron el proyecto y quienes, en la calle, obligaron a que la apoyaran incluso los diputados de Juntos por el Cambio”.

Pero, de todos modos, Penalva alertó que va a ser precioso que es misma movilización continúe para que se garantice su implementación. “Lo fundamental tiene que ver con el presupuesto, ya que aunque la ley obliga al Estado a hacer las obras, sabemos que si no se le pone un presupuesto adecuado puede terminar siendo una cáscara vacía y de esto tenemos muchos antecedentes en la Ciudad donde la urbanización de barrios durmió durante muchos años por falta de vocación por parte del Estado de ponerle presupuesto”.