El Senado aprobó en Comisión un proyecto que busca proteger a las personas en situación de calle. Si se aprueba, la Ley va a ser la única en su tipo de América Latina. Una solución parcial y bienvenida que obliga a preguntarse por las causas económicas y sociales que la hacen necesaria.
Síntoma de la crisis económica y social que atraviesa el país, el Congreso de la Nación se dispone a aprobar en los próximos días una ley de protección integral a las personas en situación de calle, única en su tipo en América Latina y el mundo.
La problemática de las personas en situación de calle, que creció exponencialmente durante el gobierno de Mauricio Macri y se profundizó con la pandemia, no es nueva pero tampoco tiene arraigo más allá de la historia reciente. Por el contrario, se trata de una cuestión que emergió con fuerza en la década del noventa a raíz de las consecuencias económico-sociales de las políticas neoliberales y, hasta el momento, era una cuestión abordada casi con exclusividad por organizaciones no gubernamentales (ONGs), iglesias de diversos credos y, en menor medida, los movimientos sociales.
El Proyecto de Ley que obtuvo en octubre media sanción en Diputados, logró el dictamen favorable de la Comisión de Legislación General y Derechos Humanos y Garantías del Senado y será tratado en las próximas semanas por la nueva composición de la cámara.
La ley, cuya aprobación se da por descontada luego de que Juntos por el Cambio finalmente diera el visto bueno en Diputados, tiene como propósito atender un aspecto de la “deuda interna” y paliar una problemática en franco crecimiento. Indicio de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país —que no se soluciona con medias tintas— esta norma ayudaría a mejorar las condiciones de vida de miles de personas.
La situación más dramática se vive en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se calcula que hay más de cuatro mil niños y niñas en situación de calle. Según datos de 2019, duermen en las calles porteñas 1500 adultos por día. Se trata de los que se “cayeron” directamente del sistema. El número podría ser mayor si se tiene en cuenta que, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, casi veinte millones de personas son pobres en Argentina, que cuatro millones están por debajo de la línea de indigencia y que el 65 por ciento de los niños y las niñas del país viven en hogares vulnerables.
El proyecto establece la creación de una red nacional de centros de integración social con atención las 24 horas con espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, un sistema nacional de atención telefónica y atención móvil para intervención inmediata, así como la capacitación obligatoria a todos los que intervienen en la atención de personas en situación de calle.
Asimismo, prevé que el Estado realice acciones para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal, partida de nacimiento, documento nacional de identidad, Cuil y Cuit y toda documentación que sea tendiente al reconocimiento de su identidad. Y que garantice el derecho al acceso y uso de infraestructura de los servicios del espacio público y cupos en los planes de vivienda nacional.
En la Ciudad PRO
En la Ciudad de Buenos Aires el déficit habitacional es de 11,6 por ciento, según un informe de la Mesa de Estudio de Viviendas Vacías que integran, entre otros, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa.
Asimismo, unas trescientas mil personas residen en villas y asentamientos, otras 7.500 están en situación de calle y un 35 por ciento de las familias pagan alquiler. ¿Cómo no concebir la problemática de las personas en situación de calle como continuidad lógica del déficit habitacional?
Sin dudas es parte, pero se trata de una cuestión con más aristas. El crecimiento de la informalidad -se calcula que en el país el cuarenta por ciento de los trabajadores en actividad no están registrados-, sumado al aumento de la carestía de la vida, empuja a un sector de la población a la calle.
Se trata de una franja poblacional -es decir, personas- que vive en el límite entre la pobreza, la indigencia y el desamparo y que de acuerdo a los vaivenes de la economía queda de un lado o del otro de la brecha.
Quien desde un primer momento supo arreglárselas fue el PRO en la Ciudad. Ni lerdo ni perezoso, donde hay una necesidad hay una oportunidad de negocios. Fue así como Macri mientras fue alcalde, y por medio del Programa de Emergencia Habitacional, instituyó un sistema de subsidios para alojamientos en hoteles de la Ciudad cuyos dueños, tal como se comprobó posteriormente, estaban relacionados a funcionarios del gobierno municipal.
El Programa de Emergencia Habitacional había sido modificado por el PRO en 2007, mediante un decreto local hecho a medida de la política urbana del macrismo. Los cambios introducidos establecían que los únicos beneficiarios del Programa eran las personas en situación de calle -excluía a personas en riesgo de desalojo-, quienes tenían derecho a un subsidio temporal para cubrir gastos de alojamiento en una red de hoteles habilitada para tal fin por el gobierno porteño.
Cid, Cochabamba, Costa Azul, Fortaleza y San Antonio eran los nombres de algunos de los hoteles, ubicados en la zona sur de la Ciudad, a los que iban a parar las personas que accedían al subsidio.
Si no lo hacían corrían la misma suerte que las personas que quedaban en las calles y eran “barridas”, literalmente, por las patotas nocturnas de la Ucep, los grupos de tareas armados por Macri para proceder con la “limpieza urbana” inherente a una ciudad en proceso de gentrificación.
El ex alcalde y ex presidente fue investigado por “coacción agravada y abuso de autoridad”, debido al accionar de estas patotas nocturnas creadas para desalojar indigentes de la vía pública.
El fondo de la cuestión
La inminente sanción de la ley de asistencia integral a las personas en situación de calle, vuelve a colocar a la Argentina a la vanguardia en la consagración de derechos civiles y ciudadanos. Para la realidad inmediata de las personas que viven en la calle implica un giro de 180 grados, imposible de mensurar para cualquiera que no haya atravesado tal situación.
Pero la normativa es sintomática y obliga a preguntarse por las condiciones políticas y económicas que la hicieron necesaria. Con la sanción de la ley, el Estado reconoce la problemática de las personas en situación de calle como una cuestión que merece la máxima atención, al menos en los términos formales en que puede hacerlo el Estado Liberal Burgués ¿No resulta entonces la ocasión propicia para interpelar al Estado por las condiciones económicas que están en la raíz de esta problemática?
Una ingeniería inversa podría ser de utilidad a la hora de poner sobre la mesa las decenas de problemáticas estructurales que desembocan, finalmente, en la situación de calle: trabajo informal y déficit habitacional son apenas la punta del iceberg de un cúmulo de iniquidades que terminan por expulsar a un sector cada vez más grande de la población hacia la calle.
Un estudio de Idesa reveló que el 73 por ciento de los recursos que ingresan en los hogares más pobres del país son de origen laboral y solo el 27 por ciento restante es de procedencia asistencial. Quizás haya una relación entre las condiciones materiales de existencia de millones de trabajadores y que un Proyecto de Ley como el que se discutió en este artículo, esté por sancionarse un año después de la entrada en vigor del aporte que -por única vez- se le pidió a las grandes fortunas.