En la localidad de La Paz, personal de la Departamental San Javier pide información sobre dirigentes del PC y otras fuerzas que forman parte del Frente de Todos de Traslasierra.
El Partido Comunista de Córdoba formalizó ayer jueves 6, una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción 2 de la Unidad Judicial de Villa Dolores a cargo de María Eugenia Ferreyra, por “los hechos intimidatorios ocurridos contra distintas organizaciones políticas y sociales en la localidad de La Paz y San José”, que fueron perpetrados dos días antes por personal de la Policía de esa provincia.
La denuncia que fue hecha en conjunto con el Partido Solidario, se suma al pedido de informe que se presentaron las fuerzas integrantes del Frente de Todos, el miércoles pasado ante el ministro de Seguridad de Córdoba, Julián López.
Al respecto, el PC de Córdoba valoró positivamente que la denuncia haya sido acompañada por la exposición que hicieron integrantes de la Mesa del Frente de Todos de Traslasierra, y añadió que espera que el Poder Judicial actúe rápidamente, al tiempo que se declaró “en estado de alerta junto al conjunto de fuerzas políticas y sociales del campo popular que fueron intimidadas por la policía”.
Cabe citar que la propia Secretaría de Seguridad de la provincia confirmó ayer que efectivos policiales de la Departamental San Javier pidieron información sobre dirigentes y referentes de fuerzas que forman parte del Frente de Todos de Traslasierra, algo que a priori constituiría una tarea de inteligencia interior que le está vedado por ley.
Precisamente las tareas de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas están taxativamente prohibidas en Argentina y esto alcanza –muy qué le pese- a la Policía de Córdoba que como sus pares provinciales, federales, Gendarmería, Prefectura, Ejército, Fuerza Aérea, Armada y servicios de inteligencia tienen prohibido llevar adelante tareas de espionaje sobre actividades políticas de personas, sindicatos, movimientos y partidos.
En este sentido, la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe a los organismos de inteligencia “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Pese a esto, el titular de la Secretaria de seguridad de la provincia, Claudio Stampalija, justificó la comisión de ese acto ilegal en la presunta intención de investigar un robo que había tenido lugar una semana antes en la ciudad de Córdoba.
“Con esa acción se trata de verificar direcciones y lugares de funcionamiento de los partidos políticos en distintos puntos de la provincia con fines preventivos”, dijo Stampalija y advirtió que “en absoluto se quiso hacer inteligencia”.
Si ladra, es perro
Pero si ladra y mueve la cola, lo más probable es que sea perro. Y, esto lo deja claro el PC de Córdoba cuando fija su postura respecto a este hecho, por medio de una declaración que hizo pública ayer.
En esta dirección, el PC provincial denunció este “grave hecho intimidatorio que ocurrió contra camaradas de nuestra organización y de otras organizaciones del campo popular, por parte de la policía de la Provincia de Córdoba”.
Tras lo que señala que “los hechos intimidatorios ocurridos en el domicilio de nuestros camaradas, por parte de la policía, se sucedieron también en locales o sedes de distintas organizaciones sociales y políticas de La Paz y de otras localidades del departamento San Javier”.
Y añade que “las consultas sin orden judicial, se direccionaron a saber y constatar el nombre de las personas referentes de la organización, la cantidad de integrantes, conocer el domicilio real de sus miembros, y saber el tipo de actividad que las mismas llevan adelante”.
Por lo que recalca que este episodio “merece nuestro repudio categórico y el accionar de la justicia para investigar a quienes perpetraron estos hechos inconstitucionales, reñidos con la vida democrática” y exige que cesen estos intentos de amedrentamiento.