Así se pronunciaron organismos de Derechos Humanos de la Nación junto a la Secretaría que preside Horacio Pietragalla Corti.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) es uno de los organismos que junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, denunciaron que Argentina y la región atraviesan una grave situación institucional y que por eso “la democracia está en riesgo”.
Lo hicieron ayer martes durante una ronda de prensa convocada frente al edificio del Museo Sitio de Memoria de la Esma, en la que se presentó un documento titulado “El Lawfare pone en peligro nuestra democracia”.
Por tal motivo, entre otros, ahí se dieron cita el secretario Horacio Pietragalla Corti y Adolfo Pérez Esquivel, quienes coincidieron en alertar sobre prácticas que perpetran sectores del Poder Judicial.
La convocatoria se hizo en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y también participaron la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, así como Mabel Careaga por Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos Capital, Asociación Buena Memoria, Asociación Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y Madres en Lucha.
“Estamos en un contexto que nos hace reflexionar y nos pone en alerta por lo que está sucediendo en nuestro período democrático de este último tiempo y cómo está actuando el Poder Judicial”, sostuvo Pietragalla Corti al presentar el documento que leyeron Taty Almeida y Mabel Careaga en el que se insta a que la población tome conciencia sobre el peligro que representa “un Poder Judicial que avasalla la voluntad popular”.
Asimismo, la declaración plantea que es preciso garantizar “el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho para asegurar la continuidad de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos”.
Por otra parte, hace referencia la reciente decisión del Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero también habla sobre la situación que atraviesa Perú, “donde derrocaron al presidente Pedro Castillo con los mismos mecanismos del lawfare y la inestabilidad democrática”, tal como definió Pérez Esquivel quien convocó a “la unidad de todos los sectores sociales, no sólo de los organismos de Derechos Humanos, sino políticos y económicos que apoyen a fortalecer la democracia”.
La declaración advierte sobre la connivencia entre jueces, fiscales, funcionarios, agentes de inteligencia y empresarios de la industria massmediática que acabó por desnudarse a raíz de la filtración de chats acerca del viaje a la estancia de Joe Lewis ubicada en la zona de Lago Escondido.
Durante la ronda de prensa, se los organismos adelantaron que van a elevar un pedido de audiencia a la Corte Suprema de Justicia, y una presentación ante el Consejo de la Magistratura para solicitar que se investigue el accionar de los jueces involucrados en ese viaje, al tiempo que avalaron el pedido de juicio académico al juez Julián Ercolini y solicitaron que Horacio Rodríguez Larreta remueva de sus cargos a los funcionarios de su Gobierno que participaron de aquel encuentro.