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Jue, May
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Política
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Tras frustrar las sesiones del Consejo del Salario, La Rosada comunicó que dispondrá un incremento de apenas el treinta por ciento para el Salario Mínimo. Quedará en 180 mil pesos para febrero y 203 mil para marzo. Mario Micheli del PC dijo que dado el impacto de la medida “nos aproximamos a un escenario de conflictividad muy grande” en el corto plazo.

El gobierno nacional decidió fijar de manera inconsulta y unilateral el precio del salario mínimo, vital y móvil, después de boicotear junto a los sectores empresariales el funcionamiento del Consejo del Salario. Se trata de una medida razonada por parte del gobierno, dado el efecto expansivo que tiene el decreto sobre múltiples ecuaciones que determinan los pisos de precios fundamentales para los sectores más bajos del movimiento obrero, como la jubilación mínima o el ingreso mensual del programa Potenciar Trabajo, como también así en las franjas de trabajadores con mejores ingresos, al correr hacia abajo la línea de corte para medir quiénes pagan el impuesto a las ganancias.

De acuerdo a lo comunicado por el vocero presidencial, el salario mínimo será de 180 mil pesos para el mes en curso y va a quedar fijado finalmente en casi 203 mil a partir de marzo. En términos del poder adquisitivo del salario mínimo, el incrementó debió haber sido al menos del 78 por ciento para recuperar lo perdido durante el último trimestre. Al respecto, Mario Miceli, dirigente del Partido Comunista y de la CTA de los Trabajadores, sostuvo que “fueron claras desde un primer momento las intenciones del gobierno, saboteando la conformación del Consejo del Salario y actuando en complicidad con los sectores patronales”. Por ello, “no sorprende el decreto que se anunció, porque expresa lo que el gobierno quería imponer desde el primer momento”.

El dirigente del PC, recordó que “el Consejo del Salario es muy importante porque lo que allí se decide tiene implicancias directas en los programas de asistencia social y en las jubilaciones mínimas”. Ahora, luego de esta medida unilateral en un contexto de enorme pérdida para los trabajadores “llamamos a la CGT y las dos CTA a que convoquen a un reclamo general, porque acá lo que está sufriendo el pueblo es un ataque sistemático que afecta a todos los ámbitos de la vida: el trabajo, la salud, la educación, la vida cotidiana, la comida”. En ese sentido, enfatizó que “no es casualidad que distintos gremios estén en pie de guerra contra el gobierno, con paros ya convocados en transporte ferroviario, en salud pública o en la administración pública nacional”.

En efecto, todo indica que “nos aproximamos a un escenario de conflictividad muy grande, dado que la tendencia irremediable será el de la unificación de las luchas”, analizó Miceli. No obstante, amplió, “la unidad de sectores y reclamos no sucederá por arte de magia, sino que necesitamos ampliar los niveles de participación y movilización popular”.

Según las estimaciones de las organizaciones sociales, “hoy para comenzar a equilibrar las cuentas de los trabajadores, el aumento del salario mínimo tendría que rondar el doscientos por ciento”, explicó Miceli. Entonces, puede comprenderse la gravedad del anunció realizado por el gobierno. Sin embargo, no se trata ni de impericia ni de falta de recursos. Para el dirigente, “la decisión forma parte de una estrategia más amplia y profunda del gobierno que tiene como objetivo principal disciplinar a las centrales obreras y al conjunto de los trabajadores”.

Sucede que, profundizó Miceli, “la libertad que tanto pregona Milei es una libertad de clase, porque cuando hay que conformar una mesa de negociación para acordar un ítem tan relevante para millones de personas como es el salario mínimo, boicotean su conformación y decretan un incremento arbitrario y sumamente perjudicial para los trabajadores”. En efecto, “la libertad tiene un límite, se acaba cuando los trabajadores empiezan a querer discutir mejores condiciones y defender derechos”.