Suecia cambia su tradición de varias décadas y comienza a extraditar refugiados políticos como una condición para ingresar en la Alianza Atlántica.
Finalmente, el gobierno que preside Ulf Kristersson, comenzó con las extradiciones hacia Turquía de exiliados políticos y así dio un paso hacia la obtención de la membresía que habilite su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (Otan).
El primero en ser extraditado es Mahmut Tat, quien es miembro de la Unión de las Comunidades Kurdas, que es un espacio que aglutina entre otros al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que el gobierno encabezado por Recep Tayyip Erdoğan considera como “terrorista”.
Esta extradición rompe con una larga tradición sueca y responde a uno de los requisitos que Ankara pone para no vetar la solicitud de ingreso sueco a la Otan, algo que se expresó abiertamente a mediados de año durante la cumbre que la Alianza Atlántica celebró en Madrid.
En esa oportunidad, el Partido Comunista de Suecia (PCS), denunció que el acuerdo al que había arribado el gobierno sueco con el de Turquía, “ilustra, una vez más, la verdadera naturaleza de los socialdemócratas” y denunciaba que en su afán por unirse a la Otan, “la burguesía sueca abandona todo lo que pueda llamarse derechos humanos y el gobierno acepta la causa de Turquía como propia”.
Y advertía que aquel acuerdo revela “que la participación en alianzas imperialistas constituye una amenaza contra los derechos democráticos de los pueblos, derechos que sólo pueden ser reivindicados a través de la lucha por el socialismo”.
Cabe recordar que el ingreso de Suecia a la Alianza Atlántica se potenció a instancias de EE.UU., desde que comenzó la operación militar especial de Rusia en el Donbass. Pero, ante esto, Turquía planteó como condición que Estocolmo “coopere en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y otros retos comunes”, lo que en realidad quiere decir que considere como organizaciones terroristas al PKK y al Movimiento de Gülen.