Avanza la entrega del patrimonio estatal en Ecuador donde se busca imponer la Ley Orgánica de Eficiencia Económica.
El Partido Comunista de Ecuador salió al cruce del intento gubernamental de imponer la Ley Orgánica de Eficiencia Económica que, en la práctica, representa desregulación de la economía, precarización del trabajo y desmantelamiento del Estado, por lo que “su finalidad es despejar el camino para crecentar el poder de las élites económicas y su capacidad para acumular riqueza”.
Al respecto, el PCE fue claro cuando alertó que se asiste a “un giro de carácter histórico”, ya que se le concede a grupos económicos la potestad de crear zonas francas, en las que dejan de regir las leyes laborales de Ecuador y se eliminan los impuestos a la renta y al valor agregado, lo que hace que el Estado pierda toda función regulatoria de la economía, su papel como recaudador de impuestos e incluso el que le asiste como garante de la aplicación de la legislación laboral y ambiental.
Pero también “se suma la condonación de multas recargos o intereses por las deudas por mora de impuestos”, lo que representa “una deuda millonaria que cubre el déficit fiscal”, sostiene el PCE y denuncia que por medio de“medidas camufladas”, se legisla a favor “de la expansión de los magnates capitalistas a nuevos sectores de la economía, se elimina la carga tributaria, se disminuyen los
salarios con el trabajo precarizado, se liberalizan los precios, se les entrega el aparato productivo estatal y se les exonera de cumplir las leyes laborales y ambientales”.
Y, así, el PCE señala que con los votos favorables del Partido ADN que es el que responde al presidente Daniel Noboa, pero también con el apoyo de socialcristianos y Revolución Ciudadana, se dio luz verde a esta iniciativa que “viola la Constitución”, por lo que “debe ser declarada inconstitucional y derogada”.