El gobierno retoma la agenda de los Acuerdos de La Habana. Para el titular del Partido Comunista, la pacificación es viable sólo si va de la mano de medidas sociales a las poblaciones más castigadas.
“Es preciso atender con medidas sociales a las poblaciones más castigadas de las distintas regiones del país”, pero también “desarticular el antiguo plan de guerra sobre el cual estaba construido el Plan Nacional de Desarrollo y favorecer a las poblaciones rurales campesinas que están gravemente afectadas por fenómenos de violencia”, dijo el titular del Partido Comunista de Colombia (PCC), Jaime Caycedo, en momentos que de la mano del gobierno de Gustavo Petro, se pretende devolver a Colombia al sendero trazado por los acuerdos de paz suscriptos en 2012, pero también desescalar el clima de violencia institucional que se profundizó merced a la decisión de su antecesor Iván Duque.
En este sentido, Caycedo recalcó que “las soluciones para la violencia en Colombia son de orden social” y deben apuntar, “fundamentalmente, contra la desigualdad”, pero asimismo tienen que “garantizar la democracia real, es decir, la participación e intervención de las mayorías sociales, populares y étnicas”.
Y fue claro al hacer hincapié en que esta es la agenda que tiene el gobierno del Pacto Histórico que, entre otras fuerzas políticas y sociales, integra el PCC. “Este es el propósito que está en el fondo de las ideas de enfrentar con democracia a la violencia que se ha pretendido mantener después de la guerra en Colombia”, resaltó en coincidencia con la aprobación en comisiones del Senado y la Cámara de Representantes, del primer debate sobre la Ley de Paz Total.
Se trata de una iniciativa que si prospera, va a permitir que el Gobierno Nacional implemente la denominada “paz total” y quede facultado para entablar negociaciones con grupos que hasta ahora son declarados como ilegales.
Pero también durante la misma semana en que el gobierno y dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunciaron que se reanudan los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero, a partir de la agenda creada por ambas partes durante la Presidencia de Juan Manuel Santos, que fue suspendida en enero de 2019 por Duque.